Por Roberto Cadagán
Recientemente padres y apoderados de la escuela Angachilla de Valdivia protagonizaron una protesta frente al recinto demandando más seguridad para sus hijos.
Los manifestantes acusaron que al interior del recinto han ocurrido múltiples hechos de violencia y agresiones entre alumnos que no han tenido contención.
Hace unas semanas, una pelea entre jóvenes en las afueras del Instituto Comercial de Valdivia terminó con una de las protagonistas apuñalada con arma blanca por otra estudiante.
El 22 de agosto un alumno de cuarto medio de un liceo de Paillaco fue agredido con una manopla en la cabeza.
En marzo pasado un video viralizado en redes sociales dio cuenta de una violenta pelea al interior del Liceo Técnico de Valdivia.
Lo mismo ha ocurrido en Osorno. En marzo, un registro audiovisual mostraba a dos estudiantes del Colegio Artístico Santa Cecilia de Osorno discutiendo en una cancha, en presencia de una decena de alumnos. La pelea se armó rápidamente mientras otros jóvenes reían e incitaban a las agresiones.
Otro ejemplo, en julio, estudiantes de los liceos Industrial y Eleuterio Ramírez habrían protagonizado una riña en calle Eleuterio Ramírez con Matta, centro de la ciudad de Osorno.
Carabineros habría tenido que intervenir en la trifulca, debiendo trasladar al menos a cuatro adolescentes hasta el Hospital base de Osorno para su evaluación médica, para posteriormente ser entregados a sus respectivos padres.
La violencia ha quedado en evidencia y se vuelve prioritario conocer qué pueden hacer los padres y apoderados si sus hijos o hijas son agredidas en un establecimiento educacional.
De acuerdo a información proporcionada por el Ministerio de Educación, lo primero es informar o denunciar de inmediato esta situación al establecimiento, a fin de que active su protocolo de actuación definido en su Reglamento Interno para este tipo de casos y adopte las medidas tanto preventivas como correctivas.
Paola Escobar es psicóloga escolar y es parte del equipo de convivencia escolar en un establecimiento escolar en Valdivia.
"Los colegios deben tener una política de convivencia escolar ya sean particulares, particulares subvencionados o establecimientos públicos. Todo caso de violencia que ocurra dentro de las comunidades escolares debe ser trabajado por el colegio. Esto es muy completo porque hay muchos conflictos que considerar”, explica a Grupo DiarioSur.
“Respecto de las riñas que se han generado, los colegios pueden tratar la vinculación, pero cuando hay elementos que están relacionados a delitos los establecimientos tienen la obligación de informar a quienes corresponda, ya sea fiscalía, Carabineros, tribunales”, dice la profesional.
- ¿En los reglamentos de convivencia escolar está disponible los procedimientos que puede aplicar el colegio?
“Así es y debe estar disponible para las familias en el momento de la matrícula o en las páginas web de los recintos. Ahí aparecen los protocolos que los establecimientos deben seguir en caso de agresiones y las labores preventivas que deben realizar. Post pandemia ha habido más demandas de estos conflictos. Se ven cosas que antes no estábamos viendo”.
- ¿En caso de que mi hijo sufra una agresión grave en un establecimiento educacional, cómo debo proceder?
“Si se tiene cercanía, lo primero es plantear la situación al profesor jefe del niño o niña. Los profesores saben lo que se trabaja a nivel de convivencia escolar. Hay que intentar seguir estos conductos porque el caso debiera pasar a un comité, lo que implica que los directores también están informados de los procesos”.
- ¿Y si yo como apoderado voy directamente a denunciar en Carabineros?
“Son canales diferentes. Si hay una situación que es causal de delito, sí o sí el colegio informará los hechos a esas instancias. Es importante que las familias acompañen esas denuncias, trabajar en coordinación. Ahora, si se tiene dudas respecto del procedimiento seguido, acudir a la Superintendencias de Educación.
- ¿Cómo accedo a esa instancia?
“Presencia, en las dependencias de la superintendencia. En Valdivia en Osorno. También se puede hacer vía web en www.supereduc.cl, siguiendo el proceso”.
-¿Los colegios pueden sancionar a los agresores?
“Tienen la potestad de expulsar a un estudiante, pero es un procedimiento que debe considerar el acompañamiento del alumno. Las situaciones de delitos son consideradas faltas gravísimas y causales de expulsión. ¿Cuál es el tema? Que también se considera que los niños tienen derecho a recibir educación. Por lo tanto, se creará la dificultad de dónde instalas a ese niño o niña que entró en conflicto”.
-¿Qué se hace?
“No los puedes dejar sin educación. Se debe hacer un plan de trabajo con ese alumno. Muchas veces los colegios no dan con la respuesta que satisfaga a todos los padres. Los conflictos además son parte del proceso educativo, eventualmente estos casos van a suceder durante el proceso de formación”.
- ¿Y qué hacen aquellos padres que no están conformes con el proceso?
“Las familias tienen la posibilidad de recurrir a la Superintendencia de Educación. Hoy se solicita que las familias se acerquen primero a hablar con los colegios. Ahí se definirá una fiscalización, se verificará si los procesos se siguieron.
Jeni, quien prefirió no entregar su apellido ni mayores datos personales, vivió una difícil experiencia con su hija. Recientemente su pequeña que asiste a tercero básico sufrió una agresión de parte de otro alumno al interior de un recinto educacional.
Comenta a Grupo de Diario Sur que en su caso el proceso no ha funcionado.
“Desde el colegio me llamaron por teléfono diciéndome que mi hija había tenido un accidente, que había chocado con una compañera, pero cuando la vi estaba llena de moretones. Me dijo que un compañero la había empujado y cayó a una rampa de acceso”, relata.
En cuanto al procedimiento seguido por esta apoderada comenta que se dirigió al colegio para exigir explicaciones.
“No me dieron ninguna respuesta. Hablé con una persona encargada de salud. Al día siguiente hablé con el director y me dijo que quizás al niño le gustaba mi hija y por eso había reaccionado así… Aquí la violencia no tiene cómo justificarla”, dice.
-¿En algún momento la derivaron con algún encargado de convivencia escolar?
“No, no me querían dejar hablar con el director. Me derivaron con un orientador. Finalmente, cuando hablé con el director, no me dio ninguna explicación. Sólo me dijo que fuera a pedir una hora directa a la Junaeb para que le repusieran los lentes que le quebraron a mi hija. Nadie se hizo responsable por los lentes ni por los daos causados a mi hija”.
-¿No la asesoraron para evitar estos casos de violencia?
“No, nada. Sólo que iban a sacar la rampa. Ellos cambiaron las versiones de cómo ocurrieron los hechos".
-¿Ante esta situación dónde concurrió?
“A Carabineros a constatar las lesiones de mi hija y luego a la Superintendencia de Educación”.
-¿En qué está ese proceso?
“Llevé el certificado médico y dentro de un mes debería regresar para ver el tema de la demanda que puse contra el colegio porque los protocolos no se siguieron. Entiendo que son niños y que estas cosas pueden ocurrir, pero ellos no hicieron nada para enfrentar la situación".
En este contexto, la Seremi de Educación de Los Ríos puntualiza a Grupo DiarioSur que “los sostenedores tienen el deber de informar a las comunidades educativas cuál es el reglamento interno del establecimiento y cuáles son los protocolos de actuación frente a situaciones de maltrato y/o violencia que pudieran vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes".
Y continúa: "Además, deben contar con planes de convivencia, que también deben ser difundidos y dados a conocer a todos los miembros de la comunidad educativa”.
Estos protocolos y planes específicos de cada establecimiento determinan los pasos que pueden seguir los apoderados ante situaciones de violencia, a quién deben informar y por qué medio.
El “Plan de Gestión de Convivencia Escolar” debe señalar la capacitación que se realiza al personal del establecimiento, sobre promoción de buena convivencia y el manejo de situaciones de conflicto.
“Asimismo, el reglamento interno debe informar las redes de apoyo y/o derivación a las cuales recurrir en caso de ser necesario, facilitando el contacto de las instituciones con las familias. Esta información deberá estar siempre disponible para la comunidad, utilizando diferentes mecanismos de difusión”, informa la seremía.
Agrega que el protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de vulneración de derechos de estudiantes, permite actuar de forma organizada para resguardar a los niños, niñas y adolescentes, motivo por el cual debe ser conocido por todos los integrantes de la comunidad educativa.
Este programa debe incluir, entre otros aspectos, el procedimiento mediante el cual los funcionarios del establecimiento cumplirán el deber de informar a los Tribunales de Familia, de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra de un estudiante o párvulo, tan pronto lo advierta, a través de oficios, cartas, correos electrónicos u otros medios.
Tiene que considerar los pasos a seguir por los funcionarios del establecimiento cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, para proceder a la denuncia en Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o ante cualquier tribunal con competencia penal.
En este contexto, desde Fiscalía Los Ríos informan a Grupo DiarioSur que en el caso de la agresión sufrida por una estudiante en las afueras del Instituto Comercial, cuando fue atacada con arma blanca por una joven de otro establecimiento educacional, se presentaron dos denuncias.
"Una a cargo de la madre de la afectada y otra por el Liceo Comercial. Las diligencias de investigación fueron encomendadas a Carabineros para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de quien agredió a la víctima”, detallan.
En tanto, ante la agresión sufrida por un alumno de cuarto medio del liceo Rodulfo Amando Philippi, de Paillaco, fuentes cercanas al caso señalan que el tema fue puesto en manos de la Superintendencia de Educación.
La acción busca encontrar a los responsables del ataque al joven con una manopla, con la que le causaron lesiones en su cabeza. Dicho proceso tiene 95 días para entregar una primera respuesta a los implicados en el caso.
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