“La Ronca” podría salir libre: proyecto que conmuta penas a mayores de 70 años genera alerta en Los Ríos
Por Roberto Cadagán / 6 de marzo de 2026 | 15:32
El senado aprobó en general el proyecto que busca que internos mayores de 70 años o que padezcan enfermedades terminales, crónicas o discapacidad, puedan cumplir su condena fuera de la cárcel.
La iniciativa levantó polémica porque de transformarse en ley tendría entre los beneficiados a más de 300 condenados por crímenes de lesa humanidad, muchos de ellos recluidos en Punta Peuco, como Miguel Krassnoff.
La discusión de esta iniciativa presentada por los senadores Francisco Chaguán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, tuvo momentos de alta tensión.
Finalmente se aprobó por apenas un voto de diferencia. Ahora la decisión quedará en manos del futuro congreso, donde será crucial la comisión de derechos humanos, que por acuerdo sería presidida por la derecha.
Aunque fue aprobado, el proyecto aún está en etapa inicial de tramitación. Hasta el 16 de marzo podrán presentar indicaciones para modificar el texto que, por ahora, beneficiaría a criminales envueltos en casos que causaron conmoción a nivel nacional.
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La Región de Los Ríos registra máximos históricos en su población penal, con cerca de 1.700 internos en Valdivia, más de 100 en Río Bueno y una veintena en el Centro de Educación y Trabajo.
Esta realidad, que refleja un escenario nacional donde la población privada de libertad se ha duplicado en los últimos cinco años, enfrenta ahora una nueva controversia ante una iniciativa legislativa impulsada por senadores de oposición.
Jorge Ríos del Río, seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región de Los Ríos, manifestó en entrevista con Grupo Diario Sur su rechazo absoluto a este proyecto de ley.
“En la Región de Los Ríos tenemos población penal de la tercera edad y que podría acceder a los beneficios de un proyecto de ley que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos rechazamos categóricamente”, sentencia.
“Es un proyecto dañino para la democracia chilena en relación también a objetivos que en los últimos años han sido los motivos de la acción política gubernamental como es la seguridad”, dice la autoridad.
El seremi enfatiza que la iniciativa, que busca facultar la conmutación de penas a personas de la tercera edad condenadas por delitos comunes y de lesa humanidad para que cumplan su condena en régimen domiciliario, representa un “contrabando legislativo”.
Según Ríos, esta propuesta vulnera doctrinas internacionales y sentencias judiciales que establecen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inadmisibles.
En el ámbito regional, según el seremi, hay al menos una veintena de personas de la tercera edad que podrían ser consideradas en este beneficio.
“La criminalidad de ellos dice relación con delitos de violación, homicidios, robos con intimidación… pero a futuro esta ley podría beneficiar a involucrados en el crimen organizado. La cárcel de Valdivia alberga a personas ligadas al narcotráfico y delitos de sangre terribles”, añade.
En relación a personas ligadas a delitos de lesa humanidad en la región, el seremi recalca que hay personas ligadas a casos como el de Caravana de la Muerte, Pilmaiquén, Neltume y Liquiñe. Ellos están en Punta Peuco cumpliendo sus condenas.
Además, esta discusión cobra especial relevancia tras la posible aplicación de la norma a condenadas por delitos de alta connotación social, como es el caso del sicariato de la joven Helena Bustos, ocurrido en 2020. Una de las autoras intelectuales del crimen -Cecilia Mímica- quien es adulta mayor, podría optar a estos beneficios si se acreditan condiciones de salud crónica.
En este crimen, la investigación dirigida por el fiscal Jaime Calfil demostró una planificación detallada: Cecilia Mímica Pino, conocida como “La Ronca” (69), junto a su hija Maggi Filgueira Mímica, contactaron a sicarios para ejecutar a la joven tras rencillas previas.
Las acusadas no solo encargaron la muerte, sino que facilitaron un vehículo, un teléfono celular para coordinar el ataque y el arma blanca utilizada. El 28 de abril de 2020, la víctima fue trasladada con engaños hasta el sector de Quitacalzón, donde recibió 21 puñaladas. Mientras el crimen ocurría, las autoras intelectuales observaron y verificaron la ejecución del plan desde un vehículo cercano, retirándose posteriormente con los ejecutores.
“Aquí hay víctimas que van a ver a su victimario en un régimen mucho más blando en relación al régimen presidiario, propiamente tal”, enfatiza Ríos, calificando la iniciativa como defectuosa y revictimizante.
El seremi destaca además que la Corte Suprema emitió un informe categórico señalando la inconveniencia técnica y jurídica del proyecto. La autoridad regional valoró la votación en contra de los senadores Alfonso De Urresti e Iván Flores, reafirmando el compromiso gubernamental con la seguridad pública y el respeto a la memoria de las víctimas. Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.