La Cámara de Diputados despachó para su promulgación el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, una iniciativa histórica que busca equilibrar las desigualdades en el sistema judicial chileno.
Esta reforma viene a resolver una crítica situación denunciada desde 2019 por la Bancada de Renovación Nacional a través de su campaña "Nadie me defiende", que evidenció cómo las víctimas de delitos enfrentaban procesos judiciales en clara desventaja frente a los imputados, quienes cuentan con defensa gratuita de la Defensoría Penal Pública.
El diputado Bernardo Berger, que votó a favor de la iniciativa, valoró el hito. “Chile da un paso histórico hacia un sistema judicial más equitativo, donde las víctimas de delitos tendrán por primera vez acceso garantizado a defensa legal profesional y gratuita, equilibrando la balanza de la justicia que durante décadas favoreció únicamente a los imputados”, sostuvo.
El diputado RN y presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, dijo: “Con esta nueva institucionalidad, el Estado comienza a saldar una deuda pendiente y da una señal concreta de justicia y humanidad, poniendo a las víctimas en el centro de la política pública”.
El nuevo organismo funcionará como un servicio público descentralizado, vinculado al Gobierno a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tendrá presencia en todo el territorio nacional mediante Direcciones Regionales y estará dirigido por un director nacional nombrado por el Presidente de la República a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
Su estructura contempla cuatro subdirecciones especializadas, incluyendo una dedicada a promover la solución extrajudicial de conflictos mediante herramientas como la mediación, con el objetivo de descomprimir la carga de los tribunales del país.
El servicio proporcionará asesoría y representación judicial gratuita tanto en el ámbito civil (asuntos patrimoniales y familiares) como penal, especialmente para víctimas de delitos que decidan denunciar, interponer querellas o colaborar con el Ministerio Público en investigaciones.
La creación del nuevo servicio implicará la absorción de las actuales Corporaciones de Asistencia Judicial, garantizando continuidad laboral y prestacional. Además, éste se convertirá en la institución donde los futuros abogados realizarán su práctica profesional obligatoria.
Una innovación clave es que la atención será proporcionada directamente por abogados profesionales, quienes podrán trabajar con egresados en práctica, pero sin delegar en estos últimos la responsabilidad directa de los casos.
Durante la tramitación legislativa se logró mantener el acceso universal al servicio, incluyendo a funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas. Estos funcionarios podrán optar entre el servicio de defensa de su institución o el nuevo organismo.
El servicio establecerá mecanismos de coordinación con auxiliares de la administración de justicia como receptores judiciales, notarios, martilleros y archiveros judiciales, así como con el Ministerio Público, resolviendo problemas actuales de acceso que enfrentan las Corporaciones de Asistencia Judicial.
Adicionalmente, tendrá la responsabilidad de difundir y promocionar los derechos de las víctimas de delitos, función educativa fundamental para el fortalecimiento del sistema judicial. Se establece la gradualidad de la puesta en marcha del nuevo servicio, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley, con inicio en la zona norte (Arica a Valparaíso).
El proyecto de crear esta Defensoría para las Víctimas fue presentado en enero de 2021 por el expresidente Sebastián Piñera, constituyéndose como otro legado de sus mandatos en materia de justicia y derechos de las víctimas. Recibe nuestras noticias en: WhatsApp | Instagram | Newsletter.
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