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Por Lorenzo Palma , 30 de mayo de 2018

Comunidades mapuche del Valle de Mariquina preocupadas por otro proyecto aserradero en construcción aledaño a sus hogares

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A través de Comunidad Humedal dirigentes de San José presentaron un reclamo en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) frente a un nuevo proyecto que se encuentra en construcción muy cercano a sus hogares, en el Valle de Mariquina, el Aserradero Santa Blanca.  Aunque la intención inicial fue solicitar un Estudio de Impacto Ambiental, se encontraron con un nuevo problema: el débil marco regulatorio de la legislación chilena para fiscalizarlos proyectos extractivistas en los territorios.

Si bien el titular del proyecto realizó la correspondiente consulta de pertinencia, autoridades del SEA aclararon a los dirigentes que el proyecto en cuestión es de bajo impacto y que no excede los límites de acuerdo al marco regulatorio.  Si un proyecto genera o presenta alguno de las siguientes características contemplados en el artículo 11 de la Ley, se deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Algunas de estas circunstancias son: riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones y residuos, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluido el suelo, agua y aire,  reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos, localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar.

En el fondo, el proyecto no supera los límites establecidos en el artículo 3 del SEA, por lo cual no fue ingresado a Evaluación de Impacto Ambiental. Para los dirigentes, esto resulta ser una vez más la vulneración de los derechos de las personas que habitan las comunidades en el territorio de la comuna de San José ya que si bien el impacto percibido por las comunidades no está contemplado dentro del marco regulatorio, no quiere decir que no ocurra, ni mucho menos, que no los afecte.

Juan Antillanca, detalló antes las autoridades regionales que las siembras se ven afectadas por las lluvias acidas emanadas desde las empresas, tanto la calidad de la fruta como de la verdura es distinta a épocas anteriores, y lo más grave tiene relación con algo tan vital como el agua, ya que si bien tienen para consumo humano, hoy en día no tienen agua disponible para las siembras. “A nosotros nos preocupa mucho en qué se basan entonces los servicios públicos para aprobar proyectos que a todas luces afectan a las comunidades, ya tenemos suficiente contaminación con Arauco y ahora otra empresa nos viene a destruir nuestra calidad de vida”, señaló el dirigente comunitario.

Los dirigentes hicieron énfasis en la labor fiscalizadora de los servicios público, la cual no se ha acercado a las comunidades para realizar las consultorías que corresponden, no se ha contextualizado sobre los químicos que utilizan las empresas, ni mucho menos cuál es el impacto a corto y largo plazo sobre las comunidades. Para Cristian Astudillo, de la comunidad Rucahue Inaleifu, es preocupante la notoria distancia entre quienes aprueban los proyectos y a quienes afectará, ya que si bien las empresas producen empleo en las localidades, afectan de manera notoria la calidad de vida y del medioambiente.

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