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Por Vasti Abarca , 18 de mayo de 2022 | 16:06

Estado de Emergencia en la Macrozona Sur: diputados sureños opinan que es "insuficiente"

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Los efectivos ya están en terreno. Crédito: foto referencial Ejército de Chile.
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Conformes, pero no del todo, se manifestaron diputados de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, luego que entrara en vigencia un nuevo Estado de Emergencia en la Macrozona Sur del país, esta vez decretado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La medida, anunciada por la ministra del Interior y Seguridad, Izkia Siches, apunta al resguardo de rutas, tanto en las provincias de Arauco y del Biobío como en la Región de la Araucanía, para permitir el libre tránsito de las personas y la ejecución de las políticas que puedan mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios.

De acuerdo a la información publicada por dicha cartera, lo anterior es complementado con el nombramiento de un fiscal con dedicación preferente para investigar organizaciones criminales que “amenazan la convivencia en las regiones de Biobío y Araucanía, como el narcotráfico y el robo de madera, y que dé garantía a todas las partes de que se perseguirán los delitos como la ley mandata”.

Esto se tradujo en la llegada a esos sectores de personal y vehículos de las Fuerzas Armadas, que junto a Carabineros y la PDI patrullarán las rutas de la macrozona sur.

La determinación, que se enmarca en el Plan Buen Vivir, además contempla agilizar la restitución de tierras, reactivar la tramitación del proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas, impulsar el diálogo y anuncia inversión pública por casi 400 mil millones de pesos, para mejorar la calidad de vida de quienes viven en esos sectores.

Insuficiente

En conversación con Diario de Osorno, el diputado por el Distrito 24, Bernardo Berger, explica que el Presidente tiene la facultad de decretar Estado de Emergencia por 15 días y puede extenderlo por el mismo lapso, pero la renovación debe ser autorizada por el Congreso.

El parlamentario de Renovación Nacional por la Región de Los Ríos opina que la medida adoptada por el Gobierno es “bastante tardía e insuficiente”, pues afirma que han ocurrido “muchas situaciones anómalas” que han afectado a las comunidades de la Macrozona Sur.

Al respecto, estima que el anunciado decreto es “demasiado acotado” en torno a las funciones o responsabilidades que van a cumplir las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI.

Berger precisa que resultará bastante ineficaz, ya que está orientado a proteger los caminos y las rutas, pero no incluye a actividades existentes en la macrozona sur, como las forestales y agrícolas, muchas de las cuales se ubican a un costado de esas vías y quedarán desprotegidas.

“Echo de menos que solo se incluyó provincias de las regiones del Biobío y de la Araucanía, pero no de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, donde en el último tiempo hemos visto situaciones que uno puedo denominar de carácter terrorista”, critica el legislador, en relación a la quema de maquinarias y equipamientos.

Asimismo, el parlamentario asegura que el decreto obedece a los compromisos adoptados por el Gobierno cuando negoció con los dirigentes del transporte de carga, durante el paro que el gremio desarrolló durante abril.

“Este decreto va dirigido a dar respuesta a ese conflicto que tuvo el Gobierno con los camioneros que circulan, tanto por las rutas importantes como por caminos transversales”, expresa Berger.

Mirada integral

En tanto, el parlamentario democratacristiano por el distrito 25, Héctor Barría, explica a Diario de Osorno que adoptar esta decisión “no fue fácil para el Gobierno” del Presidente Boric.

“Que hayan dado este paso es importante y hay que valorarlo, sin duda. Se puede calificar de insuficiente y hacer otras críticas, pero ya es un avance”, afirma el diputado de la zona norte de la Región de Los Lagos.

“(La medida) responde a una coalición política que no se ha hecho eco aún de los problemas de seguridad que son evidentes, en nuestras comunas y regiones vecinas, pero que además están presentes en el país en otros temas como el narcotráfico y otras situaciones que están relacionadas con la violencia”, sostiene Barría.

Además, tras recordar que el Gobierno anterior declaró el Estado de Excepción Constitucional sin obtener mayores efectos positivos, en cuanto a detener la escalada de violencia, dice que la determinación ahora no responde a una mirada aislada.

Comenta que antes de que se decretara este Estado de Emergencia, la ministra del Interior, Izkia Siches, trató de establecer diálogos en los territorios. 

Y agrega que a ello se suma el anuncio del Presidente de aumentar prácticamente al doble la cantidad de recursos para la compra de tierras y, de esa manera, apoyar las reivindicaciones de las comunidades a través del diálogo y los procedimientos que establece la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).   

 “Hay que valorar y apoyar cuando hay una mirada más integral, no solamente coercitiva, sino que también abre espacio para las comunidades que están por el diálogo", concluye Héctor Barría.

 

 

 

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